En la mañana de este miércoles 17 de junio la Comisión Primera dio un espaldarazo al proyecto de ley 159 de 2019 Senado “por el cual se modifica el artículo 48 de la Ley 1551 de 2012 y se dictan otras disposiciones” Esta iniciativa modifica el régimen municipal con el fin de permitirles a los municipios del país, realizar inversiones con recursos de la nación o el departamento en los predios sin titulación.

Velasco como autor y ponente en su exposición explicó, que desde el 2012 el Congreso a través del artículo 48 de la Ley 1551, decidió darles a los municipios del país la posibilidad de realizar inversiones con recursos de la Nación, en predios sobre los cuales no se tiene la certeza de la propiedad, pero sobre los que bien se puede acreditar la posesión del municipio y su destinación al uso público. “Muchas obras de inversión se encuentran detenidas porque en estos municipios es común que existan predios con una vocación de uso público, gracias a la donación de algún vecino, sin que la propiedad estuviera formalizada” añadió el Liberal

Después de 8 años de estar vigente la Ley, el problema no se ha solucionado, pues las entidades nacionales, al no haber la norma aclarado el mecanismo concreto para acreditar la posesión, continúan imponiendo barreras administrativas o incluso yendo en contravía de la Ley, al exigir el título o el saneamiento de la propiedad como requisitos para las necesarias inversiones que requieren los ciudadanos.

Es por ello que este proyecto busca establecer, con apego a las normas generales sobre uso y posesión del Código Civil, que el Alcalde o el Personero municipales, puedan de forma ágil acreditar dicha posesión y uso público mediante un acto administrativo debidamente motivado. Es importante tener en cuenta que este proyecto no implica, como tampoco lo hizo el artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, modificación alguna al régimen de propiedad de nuestro país.

En general, en los predios en que se aplicaría esta norma el municipio ya puede solicitar o ya ha solicitado la prescripción adquisitiva. Sin embargo, al tratarse de entidades territoriales de categorías 4, 5 y 6 (que son el 93% del total nacional), y que dependen para su desarrollo en gran medida de los recursos que la Nación les gire, condicionar la inversión a un proceso judicial de pertenencia cuyos tiempos son largos, se traduce en que la inversión sea inviable y que no pueda materializarse en la vigencia de los planes de desarrollo municipales.

EL proyecto fue aprobado por unanimidad en la célula legislativa y se conformó una subcomisión para mejorar algunos aspectos del texto; de esta forma pasaría a su segundo debate en la Plenaria del Senado donde será debatido ya en la próxima legislatura que inicia a partir de este 20 de julio.

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