El Senador Luis Fernando Velasco celebró este miércoles 23 de septiembre la decisión que tomó la Sala Plena de la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto 811 de 2020 que abría la puerta para que el Gobierno Nacional pudiera vender empresas nacionales en el marco del Estado de Emergencia sanitaria dictado por la pandemia del Coronavirus.

La Corte Constitucional acogió entre otros, varias de las tesis que el Congresista había radicado el pasado 3 de agosto, dentro del proceso de revisión constitucional del Decreto Legislativo 811 de 2020. Para la mayoría de los magistrados, este decreto no superó los juicios de necesidad, conexidad y finalidad específica.

Desde que fue expedido por el Gobierno Nacional, el Congresista no desaprovechó ningún espacio para intentar demostrar la inconveniencia de dicho decreto. La primera vez fue durante un debate de control político realizado en la Plenaria del Senado donde cuestionó al Ministro de Hacienda sobre su intención “ustedes están tomando un poder que debería debatirse con el Congreso, ¿Cómo se les ocurre utilizar un decreto de emergencia para auto habilitarse a vender las cosas que son de todos los colombianos sin debatirlo?” Ese mismo día, el Liberal propuso a sus homólogos presentar una proposición donde se le pedía al presidente Iván Duque derogar de inmediato el decreto 811 de 2020. La Plenaria del Senado acogió esta proposición aprobándola por unanimidad.

Así mismo, Velasco junto a un grupo de congresistas de distintas bancadas radicó un proyecto que buscaba la derogación del decreto que según manifestó en su momento “amenaza el patrimonio de todos los colombianos, pues sin que haya un mínimo debate o control, de manera unilateral establece un procedimiento exprés para que el Gobierno venda activos estratégicos de la Nación”.

Sumado a esto, el parlamentario también radicó ante la Corte Constitucional su intervención ciudadana dentro del proceso de revisión constitucional del Decreto Legislativo 811 de 2020 en el cual puso en consideración una serie de argumentos jurídicos que hoy concuerdan en el fallo.

Con la decisión del alto tribunal, se protege el patrimonio público e impone una barrera mas a la idea del Gobierno de darle recursos públicos a empresas como Avianca.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *