El 14 de Mayo del 2017 el periódico El Tiempo publicaba los principales resultados sobre la demanda de justicia de los ciudadanos en un muy interesante capitulo que incluyó Planeación Nacional en la Gran Encuesta Nacional de Calidad de Vida que esta entidad realiza cada año: “Uno de cada cuatro colombianos que en los últimos años tuvieron que acudir al sistema judicial o a otro mecanismo para reclamar por alguna afectación a sus derechos lo hizo por problemas con el sistema de salud.”[1]

Respondieron 52.000 personas la encuesta, un universo bien interesante, en especial si tenemos en cuenta que la misma se desarrolló en todo el país. De los encuestados, el 10 % habían acudido al sistema, lo que estadísticamente se traduce en que en dos años, algo así como 3.4 millones de colombianos enfrentaron alguna necesidad en materia de justicia. A su vez, seis de cada diez encuestados dijo que su problema no se resolvió, las más afectadas fueron las mujeres que de diez, sienten siete que no se les atendieron sus reclamos en demandas por problemas familiares, y si esa mujer es pobre, vive en la zona rural y hace parte de una comunidad étnica, la posibilidad de que logre una respuesta positiva a su reclamo puede ser cinco veces menor que el promedio nacional, resaltaba el informe periodístico. Al desagregar estas cifras, el informe concluye que la mala atención en salud es la principal causa de los reclamos, les siguen los problemas familiares, en tercer lugar las denuncias por delitos como hurto, después están los problemas entre vecinos y finalmente, deficiencia en los servicios públicos.

Cuando el señor presidente de la Comisión Primera del Senado me pidió un artículo sobre la justicia, confieso que acudí a mis viejos textos para encontrar en lúcidos autores definiciones e interesantes tesis, pero en medio de esa búsqueda encontré el artículo de El Tiempo con el cual inicio este escrito y ello me sirvió para hacerme una pregunta muy clara: ¿Quienes tomamos decisiones legislativas, estamos conectados con lo que los ciudadanos esperan del servicio de Justicia por parte de su Estado?, la respuesta con mucho de autocrítica es no. En los últimos años nos hemos desgastado mucho tratando de mejorar el control que deben tener los altos magistrados de la rama (tema no menor), pero no hemos respondido con éxito a cómo resolver la demanda de un ciudadano que quiere ser atendido por el sistema de salud, y por ello dirigimos al ciudadano indefectiblemente ante un juez que ve cómo una deficiencia administrativa se le convierte en un problema litigioso. Una de cada cuatro veces que un ciudadano se acerca a un juez, se acerca con una tutela en temas de salud. Si nosotros pensáremos en una salida como en su momento lo fue la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data) para resolver pequeños conflictos en la sociedad, no solo estos se resolverían más eficientemente, sino que los jueces podrían dedicar más tiempo a temas más complejos que llegan a sus manos.

Cuando a un ciudadano se le habla de impunidad seguramente pensará en temas relacionados con la gran corrupción, pero también y en mayor escala se acordará del amigo que fue atracado y no pasó nada o del robo del celular o bicicleta cerca de su propia casa sin que se haya capturado a los responsables. Una sociedad que todo lo que no puede resolver lo convierte en delito, es una sociedad que vivirá esclava del concepto de justicia como venganza, y es una sociedad proclive a llegar a la “justicia privada” que terminará ineludiblemente en violencia. Mecanismos alternativos para solucionar conflictos en materia civil y de convivencia, hacerle ajustes al Código Nacional de Policía, convertir mucho de lo que hoy es delito en contravención con la posibilidad de sanciones restaurativas o servicios comunitarios, pensar en estos casos incluso en retirar de las calles al que rompe el orden social, debería ser estudiado en el marco de unas políticas de seguridad en donde los alcaldes cuenten con mayor protagonismo y se recuperen inspecciones de policía permanentes que actúen 24 horas y tomen decisiones en procesos administrativos, orales y abreviados, con controles excepcionales por parte de jueces. Todo esto podría hacer que el ciudadano sienta justicia en su entorno.

En los próximos días volveremos a debatir una reforma a la justicia. Cómo me gustaría que nuestros esfuerzos se concentren en resolver los principales y cotidianos problemas de los 45 millones de colombianos que pueblan todo el territorio.

LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES

Senador de la República

[1] El Tiempo, (14 de mayo 2017)  Seis de cada diez que acuden a la justicia se declaran insatisfechos., Recuperado de: https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/cifras-de-insatisfaccion-con-el-sistema-de-justicia-en-colombia-87806

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